Denuncian incumplimiento de sentencias, amenazas, presunta parcialidad de autoridades y la detención de representantes del movimiento agrario

XALAPA VER.- Ejidatarios de la Ampliación del Ejido de Ángel R. Cabada advirtieron sobre el riesgo de un conflicto social de gran magnitud en el sur de Veracruz, derivado de la disputa por 77 hectáreas cuya restitución fue ordenada desde hace más de dos décadas por tribunales agrarios, pero cuya entrega total, aseguran, continúa sin concretarse.

En rueda de prensa ofrecida en Xalapa, acompañados por Rafael Lindo Chaga presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo FOSEC y por su asesor jurídico, Lázaro de Jesús Matías Molar, los afectados solicitaron la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García, de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones de seguridad para evitar enfrentamientos entre ejidatarios y colonos asentados en la zona conocida como colonia El Mesón.

El abogado explicó que el conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998 ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla. De acuerdo con la sentencia emitida en 2002, los ejidatarios de dotación fueron condenados a entregar 77 hectáreas a los ejidatarios de ampliación. Sin embargo, sostuvo que, pese a que la resolución causó ejecutoria, la superficie comenzó a ser ocupada por terceros que posteriormente establecieron asentamientos y construyeron viviendas.
Según relató, ante la falta de cumplimiento de la sentencia, los ejidatarios promovieron un juicio de amparo indirecto, mediante el cual un juez federal ordenó al Tribunal Agrario ejecutar la resolución y garantizar la entrega de las tierras. Incluso fueron vinculadas al cumplimiento instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado.

No obstante, afirmó que durante años las autoridades argumentaron falta de personal o de condiciones para brindar el apoyo requerido en las diligencias.
Matías Molar indicó que apenas el 3 de diciembre se logró ejecutar parcialmente la resolución y entregar 27 hectáreas a los ejidatarios de ampliación. Sin embargo, acusó que personas vinculadas al grupo de dotación volvieron a ocupar sectores de la superficie recuperada, situación que motivó nuevas denuncias.

El litigante señaló además que la Fiscalía General del Estado mantiene estancadas diversas carpetas de investigación relacionadas con invasiones y agresiones, bajo el argumento de que no existen peritos especializados en agrimensura para delimitar la superficie en conflicto.
La tensión aumentó recientemente cuando peritos en topografía acudieron a realizar mediciones ordenadas dentro del procedimiento judicial. De acuerdo con los denunciantes, colonos y representantes ejidales impidieron los trabajos y lanzaron advertencias contra quienes participaban en las diligencias.

«Si ustedes no se salen de aquí, aténganse a las consecuencias», habrían advertido algunos habitantes, según narró el asesor jurídico.
Los promoventes también acusaron que publicaciones en redes sociales habrían alentado a los colonos a impedir cualquier medición de los terrenos, bajo el argumento de que perderían la posesión de sus lotes.
Durante la rueda de prensa, el dirigente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo sostuvo que la situación podría escalar a hechos violentos si las autoridades continúan sin intervenir para hacer cumplir los mandatos judiciales.
Recordó que en años anteriores el conflicto agrario ya dejó una víctima mortal, por lo que pidió atención urgente para evitar nuevas confrontaciones.

«Lo que estamos buscando es que se cumpla la ley y que se ejecute la sentencia que ellos ya tienen a favor», expresó.
Por su parte, el ejidatario Tomás Aranda Gallardo denunció haber recibido amenazas y manifestó temor ante la posibilidad de enfrentar procesos penales que, afirmó, son promovidos por sus adversarios.

Aseguró que los ejidatarios de ampliación cuentan con documentos y resoluciones judiciales que respaldan sus derechos, mientras que personas externas pretenden otorgar reconocimiento a colonos asentados en las tierras en disputa.
En la misma conferencia también intervino Eduardo Leyva Hernández, hijo de Eduardo Leyva Cruz, representante legal de la ampliación ejidal, actualmente recluido en el Cereso de San Andrés Tuxtla junto con otras dos personas.

El familiar sostuvo que las detenciones forman parte de represalias vinculadas al litigio por las tierras y acusó que las investigaciones en su contra avanzaron con rapidez, mientras que las denuncias promovidas por los ejidatarios permanecen sin resultados.

De acuerdo con su testimonio, los tres detenidos son adultos de entre 45 y 72 años de edad, dos de ellos con padecimientos de hipertensión y diabetes, situación que ha generado preocupación entre sus familias.
Los ejidatarios concluyeron con un llamado a la gobernadora del estado para que intervenga en el conflicto, garantice la ejecución de las sentencias emitidas por autoridades federales y evite que la disputa agraria derive en nuevos actos de violencia en la región de Ángel R. Cabada.