Por redacción.

Xalapa, Veracruz. El Secretario General del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, presentó formalmente una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), acompañado de trabajadores del Programa Vasconcelos y de otras áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes se ostentan como víctimas de presuntos actos de abuso de poder, violencia institucional y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas dentro de la dependencia.

Como parte de las líneas de investigación promovidas ante el órgano fiscalizador, se solicitó investigar la actuación de diversos servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos:

Dra. Claudia Tello Espinosa — Secretaria de Educación de Veracruz.

Juan Darío Lemarroy Martínez — Coordinador o Jefe de Asesores de la SEV.

Dra. Omaira del Ángel Benavides — Titular de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares (DIEP).

C. Ángel Alberto Borjas Solorza — Director de Actividades Artísticas de la SEV.

C. Rosalba Valencia Cruz — Subsecretaria de Desarrollo Educativo.

José Manuel Villaseñor Campos — Director Jurídico de la SEV.

Dra. Sofía Enith Quiroz Allende — Directora de Recursos Humanos de la SEV.

Adriana Velásquez Flores — Coordinadora del Programa Vasconcelos.

Elías Calixto Armas — Ex Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV.

Alan Eduardo Cedillo García — Consultor adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo.

A partir de los hechos denunciados, el dirigente sindical expuso ante el ORFIS posibles irregularidades relacionadas con movimientos de personal, plazas y nómina, presuntos despidos y desplazamientos injustificados de trabajadores, utilización discrecional de estructuras administrativas y probable manejo irregular de recursos públicos dentro de distintas áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz.

En consecuencia, se solicitó al órgano fiscalizador realizar una auditoría integral y determinar posibles responsabilidades administrativas y, en caso de advertirse la probable comisión de conductas ilícitas, dar vista a las autoridades competentes por hechos que podrían constituir abuso de autoridad, utilización indebida del servicio público, desvío de atribuciones, tráfico de influencias, manejo irregular de recursos públicos, posible nepotismo, presunta usurpación de funciones, conflicto de interés, posibles violaciones a la libertad sindical e injerencia patronal.

Bajo esa misma línea, la denuncia también plantea la revisión de posibles prácticas de favoritismo, asignación irregular de plazas y eventual existencia de redes de beneficio interno dentro de la dependencia, así como la verificación de posibles vínculos familiares o administrativos dentro de las nóminas de la SEV, a fin de descartar actos de nepotismo o utilización indebida de cargos públicos y presupuesto estatal.

En ese contexto, el documento presentado ante ORFIS señala además posibles actos de violencia institucional, abuso de poder y prácticas antisindicales, derivadas del presunto uso del aparato jurídico y administrativo de la dependencia para afectar derechos laborales y la representación sindical, particularmente tras la promoción de una denuncia penal contra el dirigente del SIMVE derivada de manifestaciones realizadas en defensa de trabajadores del Programa Vasconcelos.